La modificación al marco regulatorio de los Lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia vulnera las inversiones en el sector eléctrico
Ciudad de México,29 de octubre de 2019.- Ante la modificación de los Lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CELs), publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día de ayer, el Consejo Coordinador Empresarial manifiesta que este cambio altera de manera sustantiva el marco regulatorio del sector energético, altera el trato equitativo entre los participantes del sector eléctrico, genera incertidumbre y vulnera la ejecución de inversiones.
Ante ello se recurrirá a los mecanismos previstos por la ley para garantizar que el apego a las normas siga siendo un estímulo para las inversiones, la sustentabilidad y la prosperidad de México.
La modificación publicada acarrea diversas consecuencias que afectan el desarrollo del sector energético en el país, ya que esta decisión pone en riesgo inversiones – nacionales e internacionales- por más de $9 mil millones de dólares que se anclaron en las reglas originales de los CELs.
Esta decisión desvirtúa el único mecanismo contemplado por la ley para conducir la transición energética de México y cumplir las metas nacionales obligatorias de adopción de energía limpia del 35% para 2024, y los compromisos internacionales de mitigación de emisiones, adquiridos en la COP 21 y objeto de la próxima reunión de la COP 25, en Santiago de Chile.
Es importante señalar que desde la publicación del anteproyecto más de 60 particulares y organizaciones pidieron a la CONAMER abrir el procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio para que la sociedad participara en la discusión de un tema de enorme relevancia tanto por las inversiones ya realizadas como para el futuro económico y ambiental de México.
En este sentido, elsector privado reitera su compromisoparapromoverlas inversiones, la sustentabilidad, el bienestar social y la prosperidad de México y por ello solicita al Gobierno Federal el respeto al Estado de Derecho para dar certidumbre a la construcción de infraestructura energética en el país.
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